San Juan de la Maguana.-El Ministerio Público anunció que apelará la decisión de la jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda, quien impuso como medida de coerción una garantía económica e impedimento de salida del país al capitán de navío Edward Santana Núñez, miembro de la Armada de República Dominicana, imputado por un grave caso de violencia de género.
Según detalla el expediente, el pasado 19 de mayo, Santana Núñez, portando un arma de fuego, interceptó el vehículo de su expareja con la intención de agredirla. Fue arrestado el 22 de mayo en esta ciudad, en cumplimiento de la orden judicial No. 0603/2025, emitida el 3 de abril, tras una denuncia previa por amenazas de muerte y persecución tanto contra la víctima como contra el hijo menor de edad de ambos.
El imputado, quien en su rol como capitán de la Armada había estado asignado a un área de seguridad del Ministerio Público, fue removido de esas funciones el pasado 25 de abril.
Fiscalía insiste en mayor protección para las víctimas
Durante la audiencia, las fiscales Sara Cuevas, adscrita a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y María Bocio, fiscal litigante, presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales que, según el Ministerio Público, comprometen la responsabilidad penal de Santana Núñez.
Los hechos atribuidos al oficial están contemplados y sancionados en el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
La decisión judicial de no imponer prisión preventiva ha sido cuestionada por el Ministerio Público, que considera que la víctima y su hijo de 13 años se encuentran en riesgo, debido a los recurrentes ataques y amenazas del imputado.
Por esta razón, se ha emitido una orden de protección a favor de las víctimas y se les ofreció acceso a una casa de acogida como medida adicional de resguardo.
El Ministerio Público procederá con la apelación en busca de una medida que garantice de forma más efectiva la seguridad de las víctimas y el curso adecuado del proceso judicial.
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