Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) rechazó las mayoría de los argumentos presentados por los exministros Juan Temístocles Montás y Nelson Toca Simó a las serias irregularidades detectadas durante su administración en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La auditoría abarca el período 2015-2019 y la CCRD detectó múltiples irregularidades en el manejo de fondos, contrataciones, control interno y administración de bienes. Los exministros presentaron una defensa en una carta en noviembre de 2022, pero los auditores mantuvieron sus observaciones por falta de evidencias contundentes.
Fondos Internos sin manuales ni políticas
La CCRD sostuvo que el MICM manejó RD$1,341 millones entre 2015-2019 sin manuales que regulen su uso. Los exministros alegaron que los fondos se usaron para viáticos, transferencias a PYMES y cámaras de comercio, y que se rendían informes semestrales a la Contraloría.
«Los fondos internos se utilizan para el pago de viáticos en misiones oficiales propias de las funciones del personal del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes y del Cuerpo Especializado de Control de Combustible CECCOM, así como para cajas chicas, transferencias, para fortalecimiento de políticas del sector de las medianas y pequeñas empresas y cámaras de comercios; los mismos le eran rendidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental Digecog a través de los informes financieros semestrales.
Estos montos para viáticos se pagaban utilizando el manual de cálculo de viáticos, emitido por el Ministerio de Administración Pública. Los demás fondos recaudados como los del Gasto de Administración de la Ley 112-00 (GAL), previsto en el Decreto 307-01 y Margen para el Desarrollo de GN (Resolución 84-17), se depositaban en dos fondos especiales en la Tesorería Nacional de la República. Durante el período 16 de agosto del 2016 al 16 de agosto del 2020, no se desembolsaron
recursos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, ni pasivos financieros», sostuvieron los exministros.
La CCRD replicó que la ausencia de normativas escritas mantiene la debilidad, pues los informes no sustituyen la falta de procedimientos formalizados.
«Vistos los argumentos señalados, por los exministros, concluimos que la condición se mantiene debido a que no fueron entregadas las normativas y/o reglamentaciones, y los informes financieros remitidos a la Dirección de Contabilidad Gubernamental (Digecog) no subsanan la debilidad planteada, los archivos suministrados por la entidad, de los gastos ejecutados muestran el movimiento y registro de todos los conceptos indicados en el punto», refutaron los auditores de la CCRD.
Ingresos no depositados en Tesorería
Según la CCRD, RD$1,364 millones no fueron remitidos a la cuenta colectora del Estado.
Montás y Toca Simó argumentaron que los recursos se destinaron a viáticos para inspectores y militares del CECCOM, cuyos trámites burocráticos demoraban meses.
«El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes es el órgano rector y regulador de la comercialización, control y fiscalización del sector de los combustibles en el país. Los ingresos no depositados en la Tesorería Nacional de la República son utilizados para pagos de viáticos del personal del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes encargados de realizar inspecciones en todo el territorio nacional y del personal Militar del Cuerpo Especializado de Control de Combustible CECCOM que los acompaña.
Por igual se emplea también para pagos de viáticos a militares del mismo CECCOM que eran designados para custodiar construcciones de terminales, depósitos y estaciones de combustibles en el territorio Nacional, cuando estas eran construidas de manera ilegal o cerradas por encontrarse violando la Ley en la materia, los cuales eran utilizados para su alimentación ya que tenían que permanecer hasta meses custodiando dichas instalaciones; por consiguiente no se depositaban en la cuenta colectora de Tesorería Nacional, porque el proceso de desembolso a través del sistema presupuestario del Sector Público, su ciclo duraba hasta tres meses para sus desembolsos y estos militares e inspectores no podían esperar este tiempo financiando sus gastos de alimentación», sostuvieron.
La CCRD insistió en que esto viola la Ley 423-06, que exige depósitos inmediatos en Tesorería.
«La explicación dada no subsana la condición planteada, por lo que, la misma se mantiene como está señalada», dijeron los auditores.
Personal transitorio por más de 6 meses
La CCRD destacó que 252 empleados permanecieron en nómina transitoria, con un costo de RD$272 millones para el erario.
Los exfuncionarios atribuyeron esto a una reestructuración pendiente del Manual de Cargos, aprobado recién en 2020.
«La extensión del período de contratación fue necesaria y requerida por los supervisores de cada área para mantener la operatividad de estas, al mismo tiempo que se realizaba la revisión y aprobación de los manuales correspondientes, estableciendo con ello las distintas categorías de cada cargo que conformó el Manual de Cargos de la institución, y que posteriormente facilitaría el proceso de vinculación de nuevo personal de manera definitiva», fue la defensa.
La CCRD recordó que la Ley 41-08 prohíbe exceder el plazo de 6 meses sin justificación legal.
«En las explicaciones y argumentos mencionados por los actuales y exfuncionarios de la entidad, carece de documentaciones y alegatos legales, que subsanen la condición descrita, inobservando así la Ley n.° 41-08, de Función Pública, por lo que, la misma se mantienen como fue planteada», expresa la entidad.
Otros señalamientos
La CCRD destacó las adjudicaciones por RD$9.7 millones a empresas vinculadas a un mismo propietario. Los exministros sostuvieron que los procesos fueron públicos y que no había restricción si las empresas no competían en la misma licitación. Los auditores señalaron que esto viola los principios de libre competencia y transparencia.
También se señalan Vehículos sin placas o con chapas prestadas, y motocicletas no ubicadas en inventario. Los funcionarios admitieron fallas en registros heredados y explicaron que algunas placas se extraviaron o estaban en trámite. La CCRD destacó que esto incumple la Ley 63-17 de Tránsito y el Manual de Bienes del Estado.
Se critica la adquisición de electrodomésticos para rifas, pues RD$6.6 millones registrados como bienes institucionales, cuando eran premios navideños. Igualmente, se señalan contratos de alimentación aumentados hasta un 150% vía adendas, superando el 50% permitido por ley, y expedientes incompletos, con falta de documentación en contratos millonarios, como uno de combustible por RD$6.9 millones.
Los auditores rechazaron la mayoría de los argumentos de los exministros por falta de evidencias, pues no presentaron documentos que respaldaran sus alegatos, como manuales o autorizaciones excepcionales. Encontraron inconsistencias legales, dado que las justificaciones no eximen el incumplimiento de leyes como la 340-06 (compras públicas) o la 10-07 (control interno). Sostienen omisiones graves, pues, por ejemplo, no explicaron por qué no se transfirió a Tesorería el dinero recaudado.
En general, las respuestas de los exministros se caracterizaron por justificaciones operativas. Argumentaron que las debilidades se debían a limitaciones presupuestarias, procesos de reestructuración institucional o falta de normativas claras durante su gestión. Por ejemplo, en el caso de contrataciones a empresas vinculadas (6.5.5), alegaron que no había impedimento legal para adjudicar procesos a empresas con el mismo dueño si no competían en un mismo proceso.
En varios puntos (como vehículos sin placas o expedientes incompletos), atribuyeron los problemas a gestiones anteriores o a dependencias externas (como el Cuerpo Especializado de Control de Combustible, CECCOM). Reconocieron que no existían manuales o políticas en áreas críticas (como TIC o fondos internos), pero afirmaron que se trabajaba en su elaboración.
Implicaciones
El Informe de Auditoría, en su sección de carta a los administradores, sostiene que se evidencia un patrón de debilidades sistémicas en el MICM durante el período auditado, que incluye falta de transparencia en el manejo de fondos internos (RD$1,341 millones sin manuales de uso), incumplimiento de plazos legales en contrataciones y pagos, y riesgos patrimoniales por bienes no registrados o sin documentación.
La CCRD instó al ministro actual, Víctor Bisonó, a corregir estas fallas, aunque en sus respuestas (comunicación n.º 001524/2022) reconoció que muchas persisten por falta de recursos o heredadas de administraciones anteriores.
La auditoría fue referida al Ministerio Público para el seguimiento a las violaciones de ley, tras estar años detenida por la pugna interna en la CCRD, entidad que fue reorganizada y que cuenta con un nuevo pleno.
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