Titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel. (Gif: END)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles entró en vigencia la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, una normativa que endurece de forma drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción en el uso de los recursos del Estado, estableciendo penas de prisión de hasta 10 años para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas ilícitas.
Distintos sectores coinciden en que la la nueva normativa busca cerrar las brechas que por años permitieron el uso indebido de los fondos públicos, aunque otros advierten que su éxito dependerá de la voluntad real de aplicarla sin excepciones.
La entrada en vigor de este marco legal se produce en medio de cuestionamientos a la gestión gubernamental por casos de corrupción vinculados a contratos públicos, lo que ha colocado el tema de la transparencia en el centro del debate nacional.
El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, aseguró que la nueva ley marca un antes y un después en el sistema de compras del Estado, al introducir mecanismos más modernos, transparentes y eficientes, acompañados de sanciones reales.
Pimentel destacó que la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien con el Estado, junto a penas de hasta diez años de prisión por delitos como soborno y tráfico de influencias, coloca a la República Dominicana a la altura de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.
«Esta normativa fortalece los mecanismos de transparencia y control, fortalece el régimen de prevención de conflicto de interés y además fortalece el sistema de consecuencias estableciendo sanciones de tipo administrativo, ético y criminal», resaltó el funcionario.
Mientras desde la sociedad civil, organizaciones advirtieron que las compras públicas han sido históricamente una de las principales puertas de entrada para desfalcar al Estado, por lo que valoran la nueva ley como un freno necesario, siempre que se aplique con rigor y se ejecuten efectivamente las sanciones, incluida la prisión para quienes se lucren de los fondos públicos.
«Lo que esperamos es que se aplique la norma, lo que estábamos esperando los reglamentos para hacerla operativa y si ya hoy se van a presentar esos reglamentos entendemos que cuando se aplique se haga con todo el peso que establece la ley que lleva hasta prisión para aquellos funcionarios que hagan negocios con el Estado», manifestó la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco.
De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, coincidió con Blanco al señalar que los principales casos de corrupción en desmedro del Estado se hacían a través de compras y contraciones.
Servio Tulio agregó que espera que con la entrada en funcionamiento del nuevo marco legal esos casos no se respitan, ya que las consecuencias que se establece son más severas que la antigua ley.
Mientras, el exsenador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó la efectividad de esta nueva ley y la calificó como un esfuerzo repetitivo del Gobierno frente a un problema estructural de corrupción estatal.
«Es la tercera modificación a esa Ley y sin embargo, eso no pudo frenar el escándalo internacional de SeNasa ni los 30 casos de corrupción que ha depositado Milagros Ortiz Bosch, en la Procuraduría General de la República», subrayó Lorenzo.
Sin embargo, en el Congreso Nacional, algunos legisladores defendieron la normativa al considerar que bloquea la participación de empresas ficticias y reduce los conflictos de interés.
«Si usted escogió la administración pública para trabajar debe saber que a la administración pública se va a servir y no ha servirse de ella», puntualizó Cedeño.
Aunque asimismo, señaló que uno de los puntos con los que no está a favor y que consideró deberían ser revisados es la limitaciones que tienen los familiares de servidores públicos que no pueden contratar con el Estado.
El presidente de la República, Luis Abinader, firmó la tarde de este miércoles el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, en un acto que se realizó en el Palacio Nacional.
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