REDACCIÓN.- Los diputados oficialistas defienden los resultados de la estrategia migratoria del gobierno, argumentando que ha logrado descongestionar los hospitales públicos y que no es momento de retroceder. Sostienen que la Iglesia Católica debe respetar la soberanía del Estado y la necesidad de proteger los recursos nacionales, especialmente ante el «inaguantable» costo sanitario que representan los pacientes haitianos.
El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y el presidente del Colegio Médico Dominicano confirmaron que la ocupación hospitalaria de pacientes haitianos ha disminuido significativamente. Los datos revelan que en 33 hospitales que atendían el 80% de las extranjeras haitianas, los partos se redujeron en más del 50%, pasando del 59% al 42%.
Las autoridades sanitarias insisten en mantener los operativos para continuar aliviando la presión sobre los centros médicos públicos. Argumentan que la situación especial de Haití requiere «acciones extraordinarias» y que los resultados justifican la continuidad de estas medidas de control migratorio.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados de oposición cuestionan duramente la forma en que se ejecutan las redadas. Denuncian vulneración de derechos básicos y advierten que se necesita un protocolo que garantice la dignidad humana, señalando que incluso quienes tienen documentos viven con miedo.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones, William Charpantier, criticó la colocación de agentes migratorios dentro de los hospitales, práctica que considera inexistente en otros países del mundo. Exhortó a diseñar políticas de interdicción que no criminalicen a los vulnerables, especialmente a las madres parturientas haitianas.
La Iglesia Católica se pronunció mediante una carta pastoral pidiendo a las autoridades dominicanas tratar con dignidad a los haitianos, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. La polémica evidencia la tensión entre las políticas de control migratorio y los derechos humanos fundamentales.
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