Alberto Bogaert, presidente de la AEI. (Foto: AEI).
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) advirtió que varios puntos críticos del proyecto de ley para modernizar el régimen legal de alquileres en la República Dominicana requieren ajustes urgentes, a fin de evitar efectos adversos sobre la inversión inmobiliaria, la propiedad privada y el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria.
No obstante, la entidad valoró como positiva la intención del Congreso Nacional de impulsar esta iniciativa, al considerar que representa un avance significativo en términos de seguridad jurídica, ordenamiento contractual y regulación integral del sector.
“Desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias vemos con buenos ojos el esfuerzo por modernizar la Ley de Alquileres. Es una iniciativa necesaria para dar mayor seguridad jurídica y fortalecer la confianza en el mercado. Sin embargo, hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de forma equilibrada y sin excesos”, expresó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.
En un documento de posición remitido a las comisiones legislativas responsables del proyecto, la AEI destacó aspectos innovadores como la bancarización del depósito de garantía, la incorporación de pólizas de seguro y el diseño de un procedimiento de desalojo más equilibrado. Sin embargo, advirtió que ciertas disposiciones, tal como están redactadas, podrían comprometer principios fundamentales del marco legal dominicano y afectar el desarrollo sostenible del sector.
Preocupaciones principales del gremio
Entre los puntos de mayor preocupación, la AEI señaló la tipificación penal desproporcionada que contempla penas de hasta cinco años de prisión para propietarios que no agoten el procedimiento judicial de desalojo. Según la organización, esto implica una penalización injusta de un conflicto eminentemente civil.
Esta medida, alertan, podría vulnerar el derecho de propiedad y desincentivar la inversión formal en el mercado de alquileres.
Asimismo, la AEI cuestionó la imposición automática de los gastos legales al propietario, lo cual contradice el artículo 1593 del Código Civil y altera el principio jurídico de que quien tiene mayor interés en una acción debe asumir los costos.
La entidad también advirtió sobre el riesgo de establecer precedentes normativos que afecten futuras legislaciones, como la actualmente en discusión para regular los servicios inmobiliarios y de corretaje, al incentivar prácticas que excluyan a los agentes profesionales del proceso de negociación.
Otro punto señalado es la omisión de la obligación de devolver al inquilino los intereses generados por el depósito de garantía, lo cual constituiría un retroceso frente a lo ya establecido por la Ley 4314. Además, la AEI destacó la necesidad de aclarar la diferencia entre depósito y renta anticipada, para preservar el esquema tradicional de tres pagos iniciales (dos de depósito y uno de renta), común en los contratos actuales.
“Penalizar al propietario por un proceso civil o alterar prácticas contractuales que han funcionado durante años puede enviar un mensaje negativo al sector. Necesitamos una ley que genere confianza, que incentive la inversión y que preserve el rol profesional del agente inmobiliario. Estamos comprometidos con aportar para que esta legislación sirva al desarrollo sostenible del sector y del país”, añadió Bogaert.
Compromiso con una ley justa y funcional
La AEI reiteró su respaldo al proceso de modernización legal, pero insistió en que los ajustes propuestos son esenciales para garantizar una legislación justa, técnica y funcional. El gremio reafirmó su disposición a continuar colaborando con el Congreso Nacional y con los distintos actores públicos y privados involucrados, con el objetivo de lograr una ley que beneficie por igual a propietarios, inquilinos y profesionales del sector inmobiliario.
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