Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), creando así una nueva entidad denominada Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional también implica la derogación de la Ley 496-06, que dio origen a la antigua Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo en 2006.
La ley fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2025, luego de haber sido sancionada por el Senado el pasado 22 de mayo. Su objetivo central es garantizar una articulación más eficiente entre la política fiscal, el sistema nacional de planificación y la inversión pública, alineado con los principios de sostenibilidad fiscal, eficiencia y buena administración pública.
Reorganización institucional
La nueva normativa establece una profunda reorganización de las estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única entidad rectora en los temas económicos, fiscales y de planificación nacional. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Supresión del MEPyD, cuyas funciones esenciales pasarán al nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.
- Transferencia de competencias hacia el Ministerio de la Presidencia en áreas como la cooperación internacional y el ordenamiento territorial.
- Rediseño de los viceministerios, que ahora incluirán áreas clave como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
Continuidad y modernización
La ley también establece al nuevo ministerio como el órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública, así como de las políticas macroeconómicas y fiscales del país. Además, se incluyen disposiciones para asegurar la continuidad de los servicios públicos, facilitar la transición ordenada del personal y definir los plazos de adecuación normativa, administrativa y presupuestaria.
Esta reforma responde a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, con el fin de dotar al Estado de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.
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