REDACCIÓN.- El caso Jet Set continúa generando importantes repercusiones en el sistema judicial dominicano, luego de que decenas de querellantes depositaran recursos de apelación contra la decisión del Juzgado de Atención Permanente que otorgó libertad a los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento nocturno que colapsó, causando una de las tragedias más graves en la historia reciente del país.
La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ha sido formalmente apoderada para conocer y resolver los múltiples recursos de apelación presentados por los querellantes, quienes consideran que la decisión de conceder libertad bajo fianza a los imputados no fue la apropiada dadas las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos investigados.
Los abogados representantes de los querellantes han explicado detalladamente los motivos jurídicos que los llevaron a interponer estas acciones de apelación. Uno de los letrados expuso sus argumentos: «Nosotros solicitamos imposición de medida de acusación real y la juez lo rechazó bajo el fundamento de que tenían que individualizar los bienes, cosa que no es cierta porque la norma establece simplemente que uno solicita y ya, luego entonces se va a identificar cuáles son los bienes como abogado responsable».
La controversia jurídica se centra en la interpretación de los procedimientos para la imposición de medidas cautelares reales. Los abogados apelantes argumentan que la magistrada aplicó incorrectamente la normativa procesal al exigir la individualización previa de los bienes, cuando, según su interpretación, la ley permite solicitar la medida primero y posteriormente proceder a la identificación específica de los activos.
«Nosotros no vamos a trabar un embargo en inmueble que no sea propiedad de la persona que estamos solicitando, en cuanto a eso estamos recurriendo», aclaró el abogado, defendiendo la responsabilidad profesional de los letrados en el manejo de estas medidas cautelares y refutando las preocupaciones expresadas por la magistrada sobre posibles embargos indebidos.
La magnitud de la respuesta judicial al caso es significativa. Según reveló uno de los abogados apelantes: «Cuando yo deposité la semana pasada, había 75 recursos de apelación», una cifra que evidencia el nivel de insatisfacción de los querellantes con la decisión inicial y la determinación de las víctimas y sus representantes de agotar todas las instancias judiciales disponibles.
La logística para el conocimiento de estas apelaciones presenta desafíos importantes debido al volumen de recursos presentados. Los abogados especulan sobre el lugar donde se celebrará la audiencia: «Ya ustedes saben donde se va a conocer esa audiencia. Yo pienso que va a ser aquí porque ahí en la jurisdicción mobiliaria no hay espacio para conocerla», comentó uno de los letrados, sugiriendo que la capacidad física de las instalaciones judiciales será un factor determinante en la organización del proceso.
La decisión original que motivó estas apelaciones fue tomada por la magistrada Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente, quien impuso condiciones específicas para la libertad de los hermanos Espaillat. Estas medidas cautelares incluyeron una garantía económica de 50 millones de pesos, una suma considerable que refleja la seriedad del caso y la necesidad de asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial.
Además de la garantía económica, la magistrada estableció el impedimento de salida del país para los propietarios del Jet Set, una medida estándar en casos de esta envergadura que busca prevenir la fuga de los imputados y garantizar su disponibilidad para las actuaciones judiciales futuras. También se ordenó la presentación periódica ante las autoridades competentes, otra medida de control que permite monitorear el cumplimiento de las condiciones impuestas.
El proceso judicial ahora entra en una nueva fase con el conocimiento de las apelaciones. Se espera que el tribunal superior fije próximamente la fecha para la audiencia donde se conocerán y resolverán los recursos presentados por los querellantes. Esta decisión será crucial, ya que podría confirmar la libertad bajo fianza de los hermanos Espaillat o, por el contrario, revocar la medida y ordenar su detención preventiva.
El caso Jet Set sigue siendo uno de los procesos judiciales más seguidos por la opinión pública dominicana, no solo por la magnitud de la tragedia que le dio origen, sino también por las implicaciones legales y las expectativas de justicia que han generado entre las familias de las víctimas y la sociedad en general.
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