Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República remitieron de manera formal a la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente que documenta múltiples violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y a la Ley de Control Interno, detectadas en licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) durante el año 2024.
La decisión de apoderar a la PGR obedece a la gravedad de los hallazgos encontrados en tres procesos específicos: INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos escolares). Según el informe, existen indicios contundentes de posibles actos delictivos, incluyendo colusión entre oferentes, conflictos de interés y alteración fraudulenta de documentos técnicos.
El expediente remitido contiene pruebas documentales, entrevistas a 29 personas vinculadas al proceso, y un análisis detallado que revela un patrón de irregularidades que compromete directamente la transparencia y legalidad de los procesos de contratación pública en el INABIE. Las instituciones actuantes consideran que estos elementos deben ser investigados penalmente.
Entre las violaciones que motivaron el envío del caso a la Procuraduría destacan la manipulación de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles obligatorios, la participación irregular de funcionarios en decisiones técnicas, y la posible falsificación de informes periciales. Además, se identificaron vínculos personales y societarios entre representantes de empresas participantes, lo que sugiere una concertación previa para repartirse adjudicaciones, en perjuicio de la libre competencia.
En paralelo, se notificó también a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), ante la sospecha de prácticas anticompetitivas que atentan contra la equidad del sistema de contrataciones públicas.
La DGCP informó que mantiene suspendidos los pagos y registros contractuales relacionados con los procesos bajo investigación, como medida preventiva para resguardar los fondos públicos. Al menos 201 contratos —98 de zapatos y 103 de mochilas— presentan irregularidades que vician su legalidad, y se encuentran pendientes los resultados preliminares sobre el proceso de adquisición de polos y pantalones.
El envío del expediente a la Procuraduría representa un paso crucial en la judicialización del caso, abriendo la posibilidad de que se formulen cargos penales contra los involucrados, incluyendo tanto a funcionarios públicos como a representantes de empresas privadas.
Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude reiteraron que continuarán colaborando estrechamente con la PGR para garantizar el debido proceso y sancionar cualquier acto de corrupción detectado en el manejo de los recursos destinados al bienestar estudiantil.
“El caso INABIE refleja la firme voluntad del Estado de no tolerar desviaciones en el uso del dinero público, y de impulsar procesos de investigación con consecuencias legales reales para quienes violen la ley”, declararon en un comunicado.
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