SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles, en el marco de la Operación Lobo. Esta estructura se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas comienza y que, como en todas nuestras operaciones, pueden haber más personas investigadas, así como más arrestos y sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al encabezar el equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ortiz dijo: “Con la Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas del sector público, en el área de la seguridad privada”.
También comentó que han identificado una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos, que el MP tiene en su poder, junto con más de 500 pruebas que demuestran la implicación y vinculación de todos los imputados arrestados durante la operación, en esta primera fase del proceso.
Ortiz estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todos los que estén implicados en la estructura desmantelada con la Operación Lobo serán sometidos a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.
“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.
Señaló que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen en instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o que proporcionan servicios básicos para la población y son estratégicas para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al mismo por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
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