REDACCIÓN.- Este miércoles concluyó el conocimiento de medida de coerción relacionado con la Operación Lobo, luego de tres días de audiencias donde se presentaron las réplicas y contrarréplicas por parte de los abogados defensores y el Ministerio Público. El caso involucra el desmantelamiento de una red de corrupción que operó durante al menos una década en importantes instituciones del Estado dominicano.
Según la acusación del Ministerio Público, el esquema criminal estaba liderado por funcionarios públicos y empresarios que distribuyeron millonarios sobornos para facilitar contrataciones, omitir supervisiones y acelerar pagos de servicios de vigilancia privada. La empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) fungió como el centro de operaciones para canalizar los pagos ilícitos hacia funcionarios de entidades estatales clave.
Las instituciones afectadas por esta red de corrupción incluyen EDESUR, EDENORTE, SENASA, INAIPI y la Dirección General de Impuestos Internos, donde funcionarios supuestamente recibían sobornos a cambio de favorecer a la empresa de seguridad en procesos de contratación. El expediente acusatorio detalla cómo se estructuró este esquema para evadir los controles y supervisiones establecidos.
Un grupo significativo de imputados decidió colaborar con el Ministerio Público, entre ellos Quirios Rodríguez, titular de la empresa Senase; Andrés Pacheco Valera, ex encargado de Seguridad de EDENORTE; Ramón Quezada Ortiz, miembro de Seguridad de EDESTE; Bolívar Nicolás Fernández, encargado de Seguridad de EDENORTE; y Wellington Peralta, ex asistente del encargado de Seguridad de INAIPI. Sin embargo, otros imputados como Carlos Ambrosio Robles, Jorvin Eduardo Frasio, Luis Ernesto Vicioso, Elías Camaño Pérez y Francisco Guarín Fernández no optaron por acuerdos colaborativos.
El Ministerio Público solicitó al juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente la imposición de prisión preventiva para todos los imputados, argumentando la gravedad de los hechos cometidos y solicitando que el caso sea declarado complejo. La decisión judicial se conocerá mañana jueves a las 6 de la tarde, cuando el magistrado dé a conocer si acoge o no el pedimento del órgano acusador.
La Operación Lobo representa uno de los casos más significativos de corrupción en el sector de seguridad privada en República Dominicana, evidenciando cómo redes criminales pueden infiltrarse en instituciones estatales estratégicas. Este tipo de esquemas afecta la transparencia en la contratación pública y compromete la eficiencia de servicios esenciales como la distribución eléctrica y la recaudación tributaria, sectores fundamentales para el desarrollo económico del país.
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