Santo Domingo, 19 de junio de 2025 — El abogado Luis Alcántara, representante legal de Okil Medrano, conguero de la orquesta de Rubby Pérez, arremetió este jueves contra la decisión del tribunal que conoció la medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados tras el colapso del centro de entretenimiento Jet Set, donde murieron 235 personas y otras 180 resultaron heridas.
Alcántara lamentó que, a su juicio, la justicia penal dominicana continúa actuando bajo un enfoque clasista y desigual. “Realmente, la justicia ha dado un verdadero retroceso con esa decisión. Queda demostrado que el derecho penal en este país parece ser solo para los pobres, mientras que la élite nunca enfrenta una verdadera consecuencia legal por sus acciones”, expresó el jurista.
El abogado cuestionó que el tribunal dictara prisión preventiva para Antonio Espaillat, mientras a Maribel Espaillat se le impusiera arresto domiciliario, pese a que, según argumentó, ella incurrió en obstrucción de la justicia al intentar influir en un testigo clave. “Trató de extorsionar al testigo estrella, que era su propio empleado. Eso ameritaba prisión preventiva. La justicia no puede ser selectiva”, afirmó.
El abogado también invocó el artículo 226 del Código Procesal Penal, que establece que por la gravedad del hecho un juez tiene no solo la facultad, sino la obligación de imponer prisión preventiva. “Estamos hablando de más de 200 muertos. ¿Qué más necesitaba un tribunal ante esas evidencias?”, cuestionó.
Asimismo, indicó que los imputados tenían pleno conocimiento del estado estructural del establecimiento, a través de informes técnicos que recomendaban la reconstrucción del techo o la demolición total. “Fueron advertidos por ingenieros que ellos mismos contrataron. Aun así, decidieron mantener abierto el local, poniendo en riesgo cientos de vidas”, agregó Alcántara.
Finalmente, expresó su preocupación por el mensaje que esta decisión envía a la sociedad dominicana. “Se sigue confirmando que en la justicia dominicana hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. La vida de más de 200 personas no puede valer tan poco en términos judiciales”.
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