Por: Olga Montás
En la República Dominicana, los partidos políticos reciben del Estado una cantidad de dinero que es una de las más altas de América Latina, a pesar de tener un sistema de partidos débil. Aunque se supone que este financiamiento político público (FPP) debe fortalecer la democracia, la evidencia sugiere lo contrario.
En América Latina, el dinero que el Estado entrega a los partidos políticos o sea, el FPP se usa para hacer las elecciones más justas, ayudar a que los partidos sean más fuertes y apoyar el buen funcionamiento de la democracia. Este apoyo económico se divide en dos tipos: el financiamiento electoral (FPE), que sirve para cubrir los gastos de campaña, y el financiamiento ordinario (FPO), que cubre los gastos diarios de los partidos cuando no hay elecciones.
El FPP busca fortalecer la democracia, nivelar la cancha electoral y asegurar la representación ciudadana, sin embargo, este no siempre genera los efectos esperados.
Cuando los partidos se vuelven excesivamente dependientes de los recursos estatales, pueden perder la necesidad de buscar apoyo en la sociedad, debilitando su relación con la ciudadanía y su capacidad de movilización. Además, un financiamiento demasiado generoso sin requisitos estrictos puede llevar a la proliferación de partidos sin bases sólidas.
En 2025, el gobierno dominicano entrega 2.4 dólares por cada habitante para cubrir los gastos diarios de los partidos políticos. Los tres partidos más grandes reciben 400.4 millones de pesos (unos 6.7 millones de dólares) cada uno. Si se aplicara por completo lo que dice la Ley 33-18 —que se debe dar el 0.25% del ingreso nacional—, el monto subiría a 4.8 dólares por persona, el más alto de toda América Latina, muy por encima del promedio regional de 1.1 dólares, según el Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana.
Sin embargo, este alto nivel de apoyo económico no ha servido para que los partidos presenten propuestas claras ni para que se acerquen más a la gente. Más bien, ha ayudado a mantener prácticas clientelistas, en las que los fondos públicos se usan para sostener redes de favores y empleo político, en lugar de promover una verdadera participación ciudadana o exigir que los partidos rindan cuentas.
El Clientelismo: Una costosa tradición
No es casualidad que la República Dominicana, junto con Panamá (2.5 USD per cápita) y México (3 USD per cápita), se encuentre entre los países con mayor financiamiento permanente a partidos. Estas naciones comparten una larga tradición política de clientelismo.
El dinero que el Estado entrega de forma regular y abundante a los partidos políticos en países como República Dominicana ha ayudado a mantener estructuras clientelistas, que permiten mantener grandes equipos y redes en todo el país, sin depender del verdadero respaldo de la ciudadanía ni de donaciones privadas.
Esto es distinto a lo que pasa en México, donde también hay mucho financiamiento público, pero se justifica como una forma de evitar que el crimen organizado influya en la política. En República Dominicana no hay ese mismo nivel de amenaza, ni tampoco controles fuertes sobre el dinero privado que reciben los partidos.
Además, el costo que asume el Estado dominicano para mantener este financiamiento es muy alto. Por ejemplo, Panamá, que tiene casi el doble de riqueza por persona, gasta una cantidad parecida en sus partidos, lo que muestra que la carga económica en República Dominicana es desproporcionada
El exceso de financiamiento público no garantiza partidos fuertes ni transparencia
Los casos de México y Panamá muestran que dar demasiado dinero público a los partidos políticos no asegura menos corrupción ni más transparencia. Al contrario, puede llevar al mal uso del dinero, abrir espacios para desvíos de fondos, fortalecer el clientelismo y hacer más difícil controlar en qué se gasta, sobre todo cuando hay muchos partidos pequeños.
En República Dominicana, el alto nivel de financiamiento ordinario no ha ayudado a que los partidos se acerquen a la gente ni a que compitan con ideas claras o propuestas distintas. Más bien, este dinero constante ha mantenido viejas prácticas clientelistas y partidos sin programas definidos, lo que debilita la rendición de cuentas, la representación democrática y la confianza en las instituciones.
Además, los estudios muestran que más dinero no significa partidos más fuertes. Por ejemplo, Chile y Uruguay, que tienen partidos bien organizados, gastan menos que el promedio regional. Y en países como Costa Rica y El Salvador, los partidos funcionan bien sin recibir dinero fuera del periodo electoral.
En resumen, el exceso de dinero público sin buenos controles no mejora la democracia. Puede provocar despilfarro, llenar el sistema de partidos sin base real y fortalecer prácticas que alejan a los políticos de la ciudadanía, dificultando la creación de opciones políticas nuevas y serias.
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