Diversos sectores de la sociedad han expresado su indignación ante la medida de coerción impuesta a los hermanos Maribel y Rafael Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, escenario del colapso ocurrido el pasado 7 de abril que dejó al menos seis personas muertas y varios heridos.
La medida, dictada por un tribunal del Distrito Nacional, consistió en una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos, de la cual los imputados solo debieron pagar una prima para recuperar su libertad. También se les impuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
Familiares de las víctimas, ciudadanos y activistas cuestionaron la decisión judicial, que consideran desproporcionada frente a la magnitud de la tragedia y a la responsabilidad que se atribuye a los dueños del establecimiento. El desplome del techo de la discoteca, una de las más emblemáticas del país, ocurrió durante una fiesta con decenas de asistentes. Investigaciones preliminares señalan posibles fallas estructurales y falta de mantenimiento como causas del siniestro.
Be First to Comment