Por: Aris Beltré
Santo Domingo. – La magistrada Fátima Veloz manifestó que el actual Código Penal dominicano, vigente desde hace más de 140 años, limita significativamente el accionar de los tribunales, por lo que reiteró la necesidad de una reforma legislativa integral que modernice el sistema penal y lo adecúe a los estándares internacionales.
Durante la audiencia del caso que involucra a los hermanos Espaillat, la jueza valoró que los imputados presentaban arraigo demostrado, residencia fija, actividad económica formal, vínculos familiares estables y disposición de someterse al proceso judicial. En ese sentido, sostuvo que su decisión fue tomada conforme a derecho y en respeto al marco normativo vigente.
“La juzgadora se ve constreñida a valorar los hechos bajo el marco normativo vigente, reconociendo sus limitaciones, pero sin poder suplir con interpretación judicial lo que corresponde a una reforma legislativa estructural”, expresó.
En sus motivaciones, también destacó que el Ministerio Público no aportó indicios concretos sobre la forma en que los imputados podrían intentar fugarse, lo cual debilita la solicitud de medidas más severas.
El caso fue tipificado como homicidio involuntario, y la magistrada otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar una acusación formal. El proceso quedó bajo la supervisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Por otro lado, el número de acciones legales en contra de los hermanos Espaillat aumentó de 108 a 123. La defensa alegó que la medida judicial fue excesiva, considerando que los imputados no participaron directamente en los hechos ocurridos en el sector Yesé.
El caso ha generado gran impacto social, ya que los hechos dejaron tres niñas huérfanas. “Niñas que no saben para dónde van, no saben qué van a hacer, están totalmente desfavorecidas porque no hay nada que hacer”, señaló una fuente cercana a la familia afectada.
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