SANTO DOMINGO.- En estos momentos se desarrolla una tensa espera en el tribunal donde el juez Rigoberto Sena debe dar a conocer su decisión sobre las medidas de coerción en el caso conocido como Operación Lobo. Las partes involucradas en este importante proceso judicial ya se encuentran dentro de la sala de audiencia, incluyendo los imputados, sus abogados defensores y los representantes del Ministerio Público.
La decisión judicial estaba pautada para las seis de la tarde de hoy, luego de que el magistrado se reservara el fallo el miércoles pasado tras concluir las audiencias de medida de coerción. Sin embargo, hasta este momento el juez Sena no ha ingresado a la sala donde las partes aguardan expectantes el veredicto que definirá el futuro procesal de los imputados.
El caso presenta una división clara entre los diez imputados: cinco de ellos optaron por hacer acuerdos colaborativos con el Ministerio Público, mientras que los otros cinco decidieron no aceptar ningún tipo de acuerdo y mantener su posición de inocencia. Esta división refleja diferentes estrategias legales adoptadas por los abogados defensores ante la complejidad del caso.
El Ministerio Público mantiene firme su petición de prisión preventiva contra cuatro imputados específicos que no aceptaron acuerdos: Carlos Ambrosio Robles, exmiembro de seguridad de EDESUR; Jorvin Eduardo Efrecio, alias Camaño Pérez, exencargado de seguridad de SENASA; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad del INAIPI; y Luis Ernesto Vicioso, exdirector de seguridad de EDESTE. Todos ellos niegan categóricamente su participación en el alegado entramado de corrupción.
Durante las audiencias del miércoles, Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, indicó que aportaron al tribunal pruebas que consideran irrefutables, incluyendo documentación detallada de todos los depósitos y transferencias que supuestamente fueron realizadas por la empresa de seguridad involucrada en el esquema corrupto. Esta evidencia documental constituye la base de la acusación contra los funcionarios públicos señalados.
La Operación Lobo ha sacudido al sector de seguridad en instituciones estatales, revelando un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios de empresas distribuidoras de electricidad y otras entidades públicas. La decisión judicial que se espera en las próximas horas será determinante para el desarrollo del proceso y podría establecer precedentes importantes en la lucha contra la corrupción en el sector público dominicano.
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