Corrupción bajo la lupa: medidas de coerción contra red de sobornos

Por Julio Caraballo

Santo Domingo. El Ministerio Público formalizó este lunes la acusación contra varios oficiales militares, policiales y empresarios, imputados por presuntos actos de corrupción y sobornos en procesos de licitación de servicios de seguridad en instituciones del Estado. La audiencia de medida de coerción, celebrada ante el juez de atención permanente Rigoberto Sena, comenzó a las 2:00 de la tarde y continúa desarrollándose.

Según el expediente presentado por los fiscales, entre las instituciones presuntamente afectadas se encuentran Ede Este, Ede Sur, Ede Norte, Senasa e Inaipi, en cuyos procesos de contratación se habrían amañado licitaciones para beneficiar a empresas vinculadas a los acusados. Las autoridades estiman que el desfalco asciende a aproximadamente 108 millones de pesos, sustraídos entre el año 2012 y enero de 2025.

El Ministerio Público solicitó al tribunal prisión preventiva por 18 meses para todos los imputados, así como que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud y los recursos envueltos en la presunta trama de corrupción.

Durante la audiencia, los abogados de la defensa han solicitado al juez que rechace la solicitud del Ministerio Público y que imponga otras medidas de coerción menos severas. También han alegado que sus defendidos han sido acusados injustamente y que no existen pruebas suficientes que justifiquen la prisión preventiva.

«Representamos al Coronel Andrés Pacheco. Ya el Ministerio Público ha presentado sus conclusiones, pero seguimos en el proceso de debatir las medidas», expresó uno de los abogados defensores. Otro abogado, quien representa a Luis Alberto Vicioso Boció, aseguró que su cliente «es una persona de gran valía» y que su defensa se ofrece «de manera honorífica».

Hasta el momento, solo ha concluido la presentación de defensa del segundo de diez imputados, lo que proyecta que la audiencia se extenderá durante varias horas más, posiblemente hasta el mediodía del martes.

El juez Rigoberto Sena será quien determine finalmente si acoge la solicitud del Ministerio Público o si impone otras medidas más benignas a los acusados. No se descarta que la audiencia pueda ser aplazada, dada su complejidad y extensión.